Abandonados a su suerte: El conflicto de contaminación de aguas en Laguna Verde

Desde hace más de 10 años, lxs vecinxs de laguna verde han denunciado la contaminación sistemática de aguas superficiales y subterráneas, producto de la mala gestión de residuos de un relleno sanitario y de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Esval. Ya han pasado 8 años desde que se comenzaron a hacer estudios independientes que confirmaron de manera contundente que la población estaba consumiendo agua altamente salina, contaminada con coliformes fecales, nutrientes y metales pesados, entre otros. A pesar de las múltiples denuncias, autoridades locales y regionales han decidido hacer oídos sordos a las demandas de una comunidad completa, la que además es víctima de un mercado negro que lucra con la venta de este vital elemento.

Texto por Jannel Lobos / Fotografías por Fernanda Peñailillo

Antecedentes 

Laguna Verde es una localidad que se encuentra al sur de Valparaíso, por el borde costero. El pueblo se divide en dos partes; el área urbana, que se emplaza en la parte baja en torno a la desembocadura del estero El Sauce y la playa (donde se construyó el primer asentamiento de la población); y la parte alta, que se caracteriza por viviendas que se insertan en zonas forestales, a partir de subdivisiones informales, producto de cesiones de derechos de propiedad. 

Antes de empezar a hablar sobre la contaminación, démosle una pincelada a los múltiples factores que complejizan la situación actual en la que viven lxs vecinxs del Laguna verde (y que arrastra una larga data). El primer gran asentamiento de la parte baja se produce por la llegada de los trabajadores de la empresa Aes Gener (lo que actualmente constituye el pueblo de Laguna Verde). En ese entonces, la localidad tenía 1500 habitantes, cuestión que en los últimos diez años ha presentado un aumento significativo. Según estimaciones extraoficiales, la población actual es de casi 15 mil habitantes.

¿Cómo se produjo este crecimiento acelerado de la población?. Desde el año 2000, y a raíz de la parcelación irregular de fundos de Laguna Verde (El Sauce, Curaumilla, Curauma, La Laguna, Las Mercedes), parcelas de 1 hectárea fueron adquiridas por distintos compradores y comenzaron a ser loteadas de manera irregular (transformándose así en múltiples sitios, de 500 mts aprox). De esta forma, se realizaba una escritura pública -más inscripción en el conservador de bienes raíces-, para adquirir un dominio (cuestión que desde el 2017 ya no se produce, puesto que el conservador rechaza inscripciones de este tipo). Actualmente, estas ventas irregulares continúan, a pesar de que las personas no tienen cómo comprobar la venta del derecho porque los loteadores permanecen como dueños en las escrituras.

Así también se encuentra el sector Otaegui, originado por una toma de terreno, donde si bien no existe regulación, sí está consolidada la conexión con la Agua Potable Rural (APR) y Chilquinta. Solo el sector bajo del pueblo cuenta con energía eléctrica, mientras que en la parte alta existe la venta irregular de electricidad mediante revendedores -conexiones que al no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, provocan constantes cortes de energía y riesgos de incendio-, dificultando el ingreso de Chilquinta por la inexistencia de caminos de uso público que permitan la instalación de posteado. La falta de caminos ha provocado la venta irregular de cortafuegos como terrenos de parcela, mientras que su nulo mantenimiento por parte de la Municipalidad, ha suscitado el aislamiento de lxs habitantes de la parte alta del pueblo, ya que la locomoción no transita por esos (no) caminos. 

Es por eso que lxs vecinxs de la parte alta deben caminar hasta dos horas para tomar locomoción, y deben pagar además tarifas especiales para poder llegar a sus casas. Lo anterior, implica además que exista una alta deserción escolar y pocas fuentes de trabajo para lxs laguninxs fuera del pueblo (ya que la falta de conectividad les impide desplazarse a tiempo para cumplir sus jornadas laborales). Este crecimiento exponencial y lleno de dificultades, desencadena además otro conflicto: el colapso de todos los sistemas y servicios públicos, entre ellos la posta, escuela rural básica, jardín infantil y retén. 

Sumando todo lo anterior, se encuentra la contaminación del agua, recurso vital para la supervivencia de cualquier ser humano. No es de extrañar entonces que los propios habitantes de la comunidad se autodenominen como una nueva zona de sacrificio. 

El inicio de la contaminación: Planta de tratamiento de aguas Servidas de Esval

Los primeros indicios del problema surgieron producto de la contaminación del Estero El Sauce por parte de la Empresa Esval, que tiene una planta de tratamiento de aguas servidas en Placilla, con un tubo de descarga directa en el Estero Las Cenizas. Dicho estero, confluye a su vez con el Estero El Sauce (cuyo caudal corresponde en un 90% a aguas de origen industrial). La primer señal de alerta fue un cambio de color en el agua, que antes podía ser utilizada para regadío de la pequeña agricultura del sector, y que pronto comenzó a quemar los cultivos. Cuentan que antes se podía pescar en el estero, pero que ahora el lugar ni siquiera es apto para el baño.

El año 2000 comienza a aparecer en la prensa el tema de la contaminación de la cuenca que está debajo del pueblo. Sumado al cambio de color y olor del agua, se apreciaba una textura más fangosa y con más carga orgánica, producto de la descarga. También las personas se dieron cuenta de que sus pozos comenzaban a emanar olores desagradables. Cabe destacar que en Laguna Verde no existe conexión a Esval, solo cuentan con una APR (Sistema de Agua Potable Rural), que conecta a parte de la población. 

Entre los años 2013 y 2015, la doctora Cecilia Rivera, actualmente académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha -e integrante del grupo experto UPLAguas-, realizó un estudio sobre la calidad del agua en el Estero El Sauce, a partir del análisis de 11 estaciones, ubicadas a lo largo de la cuenca (cinco de ellas distribuidas desde su origen hasta su desembocadura en el mar, y seis ubicadas antes del ingreso en sus afluentes). 

Los análisis determinaron dos fuentes principales de contaminación: una en la zona de origen (correspondiente a la descarga directa de la planta de Esval), y otra en la zona media (debido al ingreso de percolados del relleno sanitario municipal). Las muestras arrojaron la presencia de materia orgánica, nutrientes, cloruros y contaminación fecal, incumpliendo la normativa ambiental para cualquier tipo de uso. 

El estudio además destacaba la falta de planes de manejo y fiscalización en la utilización de este importante recurso, cuyo uso se convirtió en un riesgo para la comunidad. Ambos temas, la falta de manejo y fiscalización, son tópicos recurrentes durante todo el proceso. Pero volveremos más adelante sobre eso. 

Lxs vecinxs que crearon una Villa frente a la descarga de Esval, han denunciado desde entonces que deben convivir con ratones y malos olores, producto de la contaminación del agua. Algunos registros caseros, captados por lxs propixs vecinxs, dan cuenta que desde Esval a veces también arrojan lodos -generalmente lo hacen en la noche y a escondidas-, quedando esto en evidencia porque a primera hora del día el estero ha cambiado de color. 

Aunque cuesta creerlo (considerando las quejas presentadas por lxs vecinxs y estudios realizados por especialistas), Esval nunca ha reconocido la contaminación sistemática de las aguas del Estero. Muy por el contrario, han señalado que según sus propios estudios, mejoran la calidad del agua del mismo. Según la empresa, antes de la descarga el agua ya viene contaminada, y con la descarga -debido al aumento del caudal-, disminuye la contaminación. Quizás esta lógica tendría asidero en la realidad si lxs vecinxs no supieran ya que dicha descarga no es de agua pura y cristalina, sino de un líquido gris espumoso que emana fuertes olores. 

En julio de 2019, vecinxs denunciaron a Esval por eliminar aguas servidas en el estero Las Cenizas, que se conecta con El Sauce. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), investigó y levantó cargos por incumplimiento a la norma que regula la prohibición de descarga de lodos, sólidos o sedimentos en los cursos de agua. Solo en esa ocasión la empresa aceptó los cargos, aduciendo que se trataba de una alteración puntual de la calidad de agua.

Pero eso no es todo. La contaminación del estero se extendió hasta los pozos de lxs vecinxs que abastecen de agua a la comunidad, complejizando aún más el escenario. Tal como anticipamos, no era solo Esval el responsable de contaminar las aguas del estero y de los pozos. Los estudios darían cuenta de la existencia de otro actor en conflicto: el relleno sanitario El Molle. 

Los análisis determinaron dos fuentes principales de contaminación: una en la zona de origen (correspondiente a la descarga directa de la planta de Esval), y otra en la zona media (debido al ingreso de percolados del relleno sanitario municipal). Las muestras arrojaron la presencia de materia orgánica, nutrientes, cloruros y contaminación fecal, incumpliendo la normativa ambiental para cualquier tipo de uso. 

El segundo enemigo: Relleno sanitario El Molle

En el año 2008, la empresa multinacional de capitales norteamericanos Stericycle S.A, adquiere GIRSA, quien desde el año 2001 había recibido la licitación del relleno sanitario El Molle de manos de la municipalidad de Valparaíso (quien es dueña de los terrenos y, por ende, encargada de su fiscalización). El funcionamiento del relleno sanitario considera el tratamiento y deposición de los desechos provenientes de la Región de Valparaíso. Actualmente, el relleno se encuentra en manos de la empresa francesa Veolia. 

Producto de la contaminación de los pozos generada por Esval, otro estudio, realizado el año 2019 por la Doctora Cecilia Rivera, dio cuenta de que el relleno sanitario El Molle, ubicado en la parte alta del sector, arrojaba percolados cascada abajo. Es decir, una cascada que antes era agua lluvia y venía desde el tranque Valencia, comenzó a ponerse más ácida. Ese mismo año, la académica señalaba en el portal Upla noticias que “la comunidad está consumiendo agua subsalina a salina, con coliformes, con nitrato, plomo, hierro y otros metales, por tanto en la actualidad la mayor problemática es que la comunidad no puede seguir consumiendo esa agua. Tiene que ser abastecida con un agua potable segura. La universidad ha hecho todos estos estudios de forma gratuita. Como academia hemos hecho capacitaciones y charlas a la comunidad informando estos datos”, precisó. 

Cecilia, quien también vive en Laguna Verde, no solo analizó los pozos, sino que también las lagunas y humedales aledaños al relleno, partiendo por El Peral. Cuando llegó a analizar el tranque Valencia su conductividad, que según la norma debía ser de 400 máximo, alcanzaba los 15 mil. El tranque además se encuentra a un costado del lugar donde antes había un vertedero. A diferencia de los vertederos -que son agujeros donde se vierte la basura en un hoyo que luego se tapa-, el relleno posee celdas, y en esas celdas hay una geomembrana que impermeabiliza e impide que el percolado se infiltre en la tierra. Abajo lo recoge una manguera y lo lleva a las piscinas de lixiviados, donde éste se evapora. 

“Los pozos estaban contaminados y con alta cantidad de cloruros. Cuando yo interpuse el recurso de protección, decían que la salinidad se provocaba porque como estaban los pozos cerca del mar, estos se infiltraron con esa agua y por eso eran salados, lo que fue rápidamente descartado por los estudios realizados, que demuestran que el cloruro era de origen industrial”, cuenta Consuelo Requena, abogada e integrante del movimiento Laguna Verde Zona de Sacrificio. Es Consuelo una de las mujeres que está dando la batalla legal a nombre de lxs vecinxs. Pero también revisaremos esas acciones más adelante. Sigamos. 

¿Cómo se infiltraron estos líquidos entonces?. Antes de que se construyera el relleno, existía un vertedero que generaba una muralla al lado del tranque. Dicho tranque, que antes corría naturalmente hasta la quebrada, ahora se encuentra con esta muralla y comienza a buscar su cauce, pasando por debajo. De esta forma, el agua se infiltró y pasó por todo el vertedero, arrastrando el lixiviado. Eso fue lo que les contaron a los vecinos desde Veolia, la empresa que actualmente administra el relleno y que ha abierto sus puertas a la comunidad. “Antes con Girsa teníamos la puerta totalmente cerrada, en cambio ahora Veolia ha conversado con nosotros y nos han mostrado su plan de manejo, porque ellos cuando compraron sabían que estaba la embarrada, que había un recurso de protección, pero no sabían que era tanto”, relata Consuelo.

El negocio del agua en Laguna Verde

La gente no se dio cuenta de que el agua se estaba salinizando. Cuando comenzaron a abrirse pozos para la venta de agua en la parte alta del sector -producto de los loteos irregulares-, no hubo fiscalización. La forma de abastecimiento “oficial” es a través de una sola cooperativa de APR. La Cooperativa abastece al 40% de la zona delimitada como urbana, lo que constituye menos del 10% de la población total. El resto de la población debe comprar a camiones aljibe, que en el mejor de los casos, sin ninguna regulación ni certificación, compra agua a Esval o extrae agua directamente desde pozos contaminados. 

La red de alcantarillado no existe, por lo que la mayor parte de lxs habitantes no tiene acceso asegurado y continuo al agua.

Ante esto, la Dirección General de Aguas, inició un proceso de fiscalización y dictaminó resoluciones para detener las extracciones no autorizadas, ordenando el cierre de cuatro pozos el 2014. Sin embargo, el argumento fue que estos no poseían derechos de agua constituidos o regularizados, reduciendo el problema de contaminación a un conflicto de propiedad. De esta forma, el acceso a agua regulada no es una realidad para la mayoría de la población, quienes compran en el mercado ilegal de venta de agua, que opera sin normas sanitarias y al arbitrio de los precios especulativos de quienes lucran con ella. 

A pesar de los antecedentes, según Consuelo, en la actualidad no hay abastecimiento de agua por parte de la Municipalidad de Valparaíso a los habitantes de Laguna Verde. La alcaldía solo entrega este recurso a la protectora de animales -donde existe un convenio de entrega de agua ya que reciben a los perros callejeros de Valparaíso-, por lo que la forma más utilizada para abastecimiento es la compra directa a camiones que la transportan en estanques de mil litros. 

“La gente que al principio vendía agua en sus camionetas, ahora tiene camiones. Mientras más gente, más camiones. Acceder al agua implica tener una camioneta, un estanque para transportar el agua y una motobomba. Acá a la gente no le alcanza para un auto, cómo vas a pedirle todo lo demás», cuenta Consuelo. En la zona alta, donde se encuentran estos loteos irregulares, los 1.000 litros de agua pueden costar entre $12.000 y $20.000 pesos en temporada alta. Lo mismo que en Esval tiene un valor de $1.700. 

Por último, cabe destacar que muchos de estos vendedores además no compran el agua directamente a Esval, sino que la recolectan desde los pozos de agua contaminados. La gente no se da cuenta de esto hasta que a los dos o tres días el agua del estanque está verde. Esto se debe a la carga orgánica que contiene, y que muchas veces también presenta metales pesados. Cuenta Consuelo que es por eso que en los grupos de compra – venta del sector es normal encontrar «funas» a vendedores que proveen de agua de pozos contaminados a lxs vecinxs. Es decir, agua que ni siquiera es apta para riego es la que consumen las personas.

En la zona alta, donde se encuentran estos loteos irregulares, los 1.000 litros de agua pueden costar entre $12.000 y $20.000 pesos en temporada alta. Lo mismo que en Esval tiene un valor de $1.700. 

La institucionalidad brillando por su ausencia (y negligencia)

Seremi de Salud

La situación de contaminación y venta de agua contaminada motivó a que lxs vecinxs comenzaran a organizarse para poner en alerta a las autoridades sanitarias. Fue así como Julia Poblete, presidenta de la JJVV – quien también tenía un pozo que estaba contaminado -, el año 2018 decidió poner una denuncia en el Servicio Regional Ministerial de Salud (SEREMI), porque veía a los camiones entrar y salir a buscar agua de pozo. De los seis pozos que fueron parte de esa denuncia, solo tres fueron sometidos a análisis bacteriológico. Todos arrojaron altos niveles de contaminación, y dos de ellos presentaron coliformes totales y fecales, Escherichia Coli y nitratos. En síntesis: nuevamente el agua se consideró NO apta para el consumo humano. 

Con esta información, era de esperarse que el SEREMI tomara cartas en el asunto. Sin embargo, los resultados no llegaron a manos de los vecinos hasta el mes de marzo del año siguiente (2019). ¿Por qué no los entregaron antes?. 

Algunxs dicen que esperaron para no entorpecer la temporada estival, aun sabiendo que la población de Laguna Verde se duplica o triplica en esas fechas, al igual que la venta de agua de pozo. Otro antecedente para la causa: en enero 2019, el Seremi de salud, Francisco Alvarez, desestimó los resultados otorgados por los estudios UPLA, apuntando a que carecían de rigurosidad científica por no existir “diagnóstico previo”. En definitiva, la autoridad no realizó estudios a tiempo, desestimaron los únicos que se estaban haciendo y finalmente admitieron, tres meses más tarde, que sí existía contaminación en el agua. 

Actualmente, hay cada vez más pozos y vendedores de agua, mientras que la APR, que era el único lugar donde se vendía agua potable, dejó de vender a granel porque la demanda aumentó considerablemente. Entonces ahora los camiones y vecinxs que tienen los recursos para almacenar y transportar este elemento, se dirigen a Playa Ancha a comprar a Esval. “Cuando aumenta la demanda o la población, los camiones no se pegan los piques a Esval, porque pierden ventas, entonces los que van a Esval son los que tienen camiones aljibes grandotes, el resto saca de los pozos”, cuenta Consuelo. Además, los camiones grandes abastecen a otros más pequeños, pero esos también compran agua de pozo y venden en estanques cuadrados, que no son aptos para almacenarla. Ninguno de esos camiones tiene certificación sobre la calidad de agua, y muchas veces mezclan el agua de pozo con la de Esval. 

Al igual que la Dirección General de Aguas, el SEREMI solo clausuró los pozos por ser ilegales, y no por estar altamente contaminados. 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

El pasado 26 de marzo, los vecinos del movimiento Laguna Verde Zona de Sacrificio y el medio digital Chagual, realizaron un conversatorio con todos los candidatos a alcalde de la región. El único que no se presentó a la instancia fue Jorge Sharp. Mucho se ha hablado sobre una estrategia política de “discursos nocivos” para denostar su figura y liderazgo (y quizás algo de cierto tenga). Sin embargo, en el caso de Laguna Verde, la ausencia de Sharp al debate no es una sorpresa, pues durante su administración ha incurrido sistemáticamente en faltar a sus deberes con una comunidad que está atravesando una crisis importantísima, donde además sus acciones y omisiones han tenido consecuencias nefastas. 

Con los resultados de los estudios realizados por el SEREMI, lxs vecinxs organizadxs decidieron que había que hacer algo, que la gente no podía seguir tomando agua contaminada por el inminente riesgo a la salud. Además de cálculos renales crónicos, infecciones estomacales e hipertensión, según Consuelo, la población corre el riesgo de que esta agua contaminada, que contiene entre otros materiales plomo, se acumule en el cuerpo y pueda producir cáncer.

Es así como varixs dirigentxs, se reúnen con el alcalde en marzo de 2019. Mientras tanto, en paralelo se presentaba el recurso de protección antes de que pasaran 30 días y se cumpliera el plazo legal para hacerlo. Sharp pidió tiempo a los vecinxs y que se mantuviera en reserva el hecho para poder dar solución, con la promesa de entregar camiones aljibe para el abastecimiento de agua (cuestión que jamás se concretó). Cuentan que luego de esa reunión no volvió a recibir a lxs vecinxs. 

Primera y última fiscalización

El año 2018, la actual administración municipal realizó solo una Inspección Técnica de Obra (ITO), donde se descubrió que el relleno El Molle arrojaba 5 litros por segundo de percolados a la quebrada (vertiente que desemboca en Laguna Verde, formando el Salto los Molles), lo que derivó en una única querella presentada en toda la administración del actual alcalde Sharp. Considerando que la Municipalidad es quien entrega la concesión al relleno sanitario -y es dueña del terreno donde éste se asienta-, resulta al menos sospechoso que sabiendo sobre los graves daños causados por este, no hayan realizado más inspecciones después del primer y único ITO. 

Consuelo cuenta que “cuando la gente de Veolia nos invitó al relleno nos comentaban que había piscinas de lixiviados que efectivamente no tenían geomembrana, entonces eso hacía que los percolados cayeran directamente por la quebrada (…) cuando se les llenaban las piscinas, lo tiraban a la quebrada, y así. La Municipalidad tiene que poner un ITO por contrato, y este viene a fiscalizar que se cumpla con todo, con la piscina, geomembrana, todo. Durante toda la administración no se había nombrado ningún ITO. Recién aparece uno el año 2018, cuando hacen una fiscalización y le piden ayuda a la doctora Cecilia y descubren que el relleno arrojaba 5 litros por segundo de lixiviados, es decir, que en una semana llenaban una piscina olímpica de puro percolado. Entonces ahí no les queda otra que denunciar a la fiscalía e interponer la querella, pero no han hecho nada más. No toman ninguna medida, nada”. 

En ese encuentro con la empresa Veolia, lxs vecinxs también se enteraron de que la situación del vertedero es crítica, ya que si hubiera un terremoto o temblor fuerte, todo el vertedero se podría derrumbar sobre Laguna Verde. Una bomba de tiempo, literal. 

Según trascendidos, quien estuvo a cargo del ITO que derivó en la denuncia, fue removido de su puesto y reubicado en el Parque Quebrada Verde. Asimismo, además de la tardanza con la que aparece este ITO, posteriormente es retirado. Parece cierto el dicho de que en el negocio de la basura, lo más limpio es la basura. La Municipalidad no solo ha actuado negligente y tardíamente frente a las demandas por contaminación, sino que también ha decidido omitir la existencia del conflicto, negándose a participar en instancias que contribuyan a resolverlo. 

Recursos de protección contra la irresponsabilidad

“Yo conversaba con una señora del pueblo que no tenía plata para conectarse a la APR, y entonces le compraba agua al pozo del vecino. Ella era hipertensa, pero ya era viejita, y cuando le preguntaron si tenía cálculos o algo ella dijo que no tenía nada, pero que su nieta de ocho años era hipertensa. “Esta cuestión es genética”, decía, entonces ahí te das cuenta de que la pasividad de la autoridad enferma a la población de manera grave. Y la gente no se va a poder sanar, porque los doctores te dicen “no comas sal”, pero si estás tomando agua con cloruro ninguna verdura te va a salvar. Los doctores no te preguntan si tomas agua de pozo. Está invisibilizado el tema. (y además está mal visto decir que tomas agua de pozo), pero hay gente que no tiene acceso a agua filtrada”, cuenta Consuelo. 

Luego de esta sistemática falla en los procesos de fiscalización y contención del conflicto, la comunidad de Laguna Verde comienza a tomar medidas judiciales. El año 2019, es Consuelo quien desde su rol de abogada presenta un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra la empresa Girsa, por la descarga de aguas percoladas desde el relleno Sanitario El Molle, y por el incumplimiento de las medidas sanitarias en las operaciones que produjeron un daño hacia la comunidad y el medio ambiente. Consuelo interpone el recurso de protección en contra de Girsa por la contaminación del relleno sanitario, ya que los pozos estaban en ese sector y atravesaban las napas, por lo que era más que evidente su implicancia. 

Además, interpone otro recurso de protección contra el municipio porteño, en su rol de fiscalizador del relleno Sanitario – cuestión a la que está obligado por contrato y por la Ley Orgánica de Municipalidades -, por no asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias para su funcionamiento. “Se le informó al gerente de operaciones sobre las perforaciones en las piscinas en el sector bajo del relleno, y ellos pegaron la geomembrana con un parche Agorex”, cuenta Consuelo. Sobre el recurso, también queda de manifiesto que incurren en faltas graves al no velar por la protección de los derechos esenciales de las personas, consignados en el artículo 19 de la constitución. De esta forma, omiten la falta de fiscalización y sanción del contrato de concesión, e incurren en un incumplimiento de sus funciones administrativas de carácter público, que es la que les permite seguir acciones legales para evitar la contaminación. 

Finalmente, en el recurso presentado contra el SEREMI de salud, se les acusa de faltar a sus deberes y obligaciones como garantes de la salud pública de la comunidad, ya que deciden no denunciar a las empresas aun teniendo información sobre el estado del agua de los pozos desde el año 2018. “Me fui contra los tres, me dilataron, suspendieron los alegatos, Girsa le echó la culpa a Esval, así que obligaron a la empresa a informar. Después obligaron a la Seremi de medio ambiente a informar mientras Esval y Girsa se echaban la culpa mutuamente”, recuerda Consuelo. 

Mientras sucedía todo esto y se dilataban y suspendían los alegatos, en julio de 2019 Esval es sorprendido descargando lodos a plena luz del día. El registro se viralizó y la prensa cubrió el caso diciendo que Esval estaba en la mira de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). “Llegó Nataly Campusano (CORE) con la gente de placilla a hacer la denuncia, y ahí Girsa aprovecha de mandar a la corte a Esval. La muni dice que actuó y se querelló, pero fue lo único que hicieron, y si tú sabes que están dejando la embarrada con mayor razón tenían que estar ahí, encima, fiscalizando”, cuenta Consuelo. 

De esta forma, la comunidad organizada logró probar en la corte que el agua estaba efectivamente contaminada, y que había una investigación de la PDI que señalaba que tanto Esval como el relleno eran los responsables. A la corte no le quedó otra que acoger el recurso y aceptar lo evidente. “Yo creo que la corte fue muy mezquina, les importaba más la ilegalidad de la gente que vive en la parte alta que la contaminación del agua. En el fallo puede leerse que la gente de Laguna Verde atenta contra “la buena fe” del buen ciudadano, por haber comprado con cesión de derechos y por abastecerse de agua en el mercado ilegal. Hay una discriminación enorme hacia lxs laguninxs. Además, las medidas que implementa la corte son muy básicas. Obligan a las empresas a dejar de contaminar sin ninguna medida concreta. Ordenaron poner señaléticas para que la gente deje de sacar agua de la cascada, pero hay gente con tanta necesidad que van a sacar agua con bidones, suponiendo que es agua dulce”, cuenta Consuelo. 

La corte ordenó fiscalizar, pero no se pronunció con respecto al abastecimiento de agua potable para el sector. “Ese fallo es de agosto de 2019, se notifica en septiembre del mismo año. Esperamos un par de meses para ver cómo empezaban a cumplir el fallo y nada, solo la gente nueva del relleno sanitario. A ellos no les conviene incumplir porque sus multas son millonarias, ya tienen un plan de descontaminación y se supone que ha bajado, pero es difícil que eso sea a un 100% mientras no saquen el lixiviado del vertedero, que es lo que se comprometieron a hacer ahora. Al menos las piscinas ahora tienen geomembrana, eso lo hemos visto” cuenta Consuelo. 

La municipalidad dio cuenta de una fiscalización sin fecha en el mes de agosto de ese año. Además de eso, no habían puesto letreros (lo hicieron recientemente), no dieron charlas, ni han fiscalizado la calidad del agua de los pozos (cuando van solo revisan las patentes, no si tienen agua contaminada). Por su parte, la corte también ordenó a la SISS fiscalizar a Esval, en vez de ordenarles a cumplir directamente a ellos. Todos informaron, excepto la SISS. “Pedí dos veces que los sancionaran y derivaran los antecedentes a fiscalía por no cumplir, porque ahí hay un delito de desacato. Seis veces los perdonaron, seis veces!, entonces ahí te das cuenta de que hay algo raro con Esval y la SISS. Luego de eso se certifica nuevamente que la SISS no cumple con fiscalizar a Esval, y es entonces cuando le dicen al Ministerio de Obras Públicas que fiscalice a la SISS. El MOP tampoco ha informado, así que ahí estoy, pidiendo cumplimiento hace casi un año”, cuenta Consuelo. 

Todo se ha mantenido igual. La autoridad no cumple una mínima sentencia (que aunque fue mala, al menos sentó un precedente), y ninguna empresa ni institución apeló. Para Consuelo, eso solo es muestra de que el fallo fue bueno para ellos, y que si lo hubieran llevado a una instancia superior la sentencia habría sido más rotunda. Aprendizaje y error. Mientras proliferan los pozos y vendedores ilegales de agua, no se han hecho nuevos estudios por parte de las instituciones para corroborar el verdadero impacto que produce a la salud de las personas el consumir agua contaminada. 

Lucha territorial y proyecciones 

Laguna Verde Zona de Sacrificio surge por la necesidad de visibilizar el conflicto y poner en evidencia las graves consecuencias de la contaminación en el pueblo. Actualmente trabajan en conjunto con otras 18 organizaciones (entre ellas jjvv, comités, Ong´s y agrupaciones de la sociedad civil), y cuentan además con el apoyo de Modatima Valparaíso – Marga Marga. “Tratamos de tener una reunión con Sharp y no nos pescó, tuvimos que traer a Rodrigo Mundaca para que nos recibieran, pero a todo nos dijeron que no”, cuenta Consuelo. 

Lo que preocupa a la comunidad es que la alcaldía ciudadana, que muy probablemente volverá a ser elegida, se mantenga cuatros años más invisibilizando a Laguna Verde. Fuera de los personalismos y las victimizaciones, no hay argumentos que justifiquen la indolencia con la que ha actuado la actual administración ante el gravísimo antecedente de que miles de personas están consumiendo agua contaminada. No hay excusas, y punto. “Hemos tratado de visibilizar lo más posible el movimiento, lo ultimo que hicimos fue en Placilla, cuando uno de nuestro vecinos se subió a la pasarela. Teníamos otras cosas pensadas, pero la cuarentena nos ha detenido. Se pintó un muro en una ecoferia, hicimos una charla de Laguna Verde como zona de sacrificio, pero generalmente estamos con campañas en rrss, y ahí, creciendo”, cuenta Consuelo. 

Lo que esperan lograr es que lxs habitantes sean abastecidos por camiones aljibe certificados -mientras se resuelve la contaminación de las aguas-, y que se le dé prioridad a la comunidad y no solo al canil de Laguna Verde. También luchan porque exista una fiscalización real y permanente a los vendedores de agua de pozo (porque hay pozos clausurados que siguen vendiendo, y pozos nuevos que lucran vendiendo agua contaminada). A largo plazo, esperan que se declaren caminos públicos para que la locomoción llegue hasta la parte alta del pueblo, donde hoy solo existen cortafuegos. “Nosotrxs hemos hablado con el MOP y la Dirección de Obras HIdráulicas (DOH) para hacer una APR arriba, pero no se puede porque las cañerías tienen que pasar por caminos públicos, entonces teniendo eso podríamos tener agua potable y también podría entrar Chilquinta”, asegura Consuelo. 

Algunas cosas son cuestión de voluntad política de la municipalidad. En mayo, poco antes de las elecciones municipales, se repartían volantes sobre el candidato Sharp donde podía leerse que en una de sus 14 propuestas estaba la presentación del proyecto “Valparaíso Sostenible”, para el relleno sanitario El Molle. Esta propuesta prometía “avanzar en una política comunal de reciclaje, potenciando la labor de los recicladores de base”. Nada dice sobre la contaminación del agua, fiscalización a los pozos ni sobre la regulación de la extensión urbana de la parte alta de Laguna Verde. “Solo falta que la muni la concrete, o que amplíe con el Pladeco esa zona de extensión para al menos poder tener a la mitad de la parte alta de Laguna con camino público. El resto depende de la mesa técnica entre el SERVIU y el MOP para ver la parte alta”, cuenta Consuelo. 

“Hemos tratado de visibilizar lo más posible el movimiento, lo ultimo que hicimos fue en Placilla, cuando uno de nuestro vecinos se subió a la pasarela. Teníamos otras cosas pensadas, pero la cuarentena nos ha detenido».

Agrega además que “la muni dice que el MOP no los invita a reuniones, el MOP dice que la muni no va, y nosotros hemos ido a esas reuniones y efectivamente no llegan». En cosas que no dependen de la municipalidad, por ejemplo, el ingreso de Chilquinta, se ha podido avanzar y hay gente conectada a la red.

En materia judicial, Consuelo dice que esperan continuar con el recurso de protección hasta que las empresas cumplan, y que el fallo de la corte suprema los está motivando a elevar una solicitud formal desde las distintas organizaciones para pedir el abastecimiento de agua a la municipalidad. En paralelo, han estado enviando cartas al Concejo Municipal para que se cumplan los compromisos que se hicieron el año 2019, cuando Cecilia expuso ante la comisión de salud sobre los resultados de los estudios. Hace algunas semanas, en una sesión extraordinaria del concejo, Consuelo y otrxs vecinxs expusieron sus demandas ante la actual administración, quienes se comprometieron a implementar una mesa de trabajo para resolver la crisis sanitaria y reivindicar años de invisibilización, abandono y negligencias.

Queda esperar que esa mesa técnica público-comunitaria se convierta en un convenio de colaboración vinculante, es decir, que realmente incida en la planificación territorial y resuelva las problemáticas de fondo de la localidad, asegurando la entrega de agua potable a la comunidad de Laguna Verde. La pelea avanza desde todos los flancos, y existen mujeres como Consuelo, Cecilia, Julia y tantas otras, que no bajarán los brazos hasta que los responsables de la contaminación dejen de gozar de la impunidad que les ha permitido, hasta ahora, privar a lxs vecinxs de la posibilidad de acceder a un agua potable que no ponga en riesgo sus vidas.