Contra las mineras, la burocracia y el olvido

Colliguay es un Valle rodeado de zonas montañosas de la cordillera de la costa. Perteneciente a la comuna de Quilpué e inserto en la cuenca del estero Puangue, está rodeado además de especies de árboles nativos del bosque esclerófilo y representa una zona rural de importante valor paisajístico natural. Por estas y otras razones, el año 1976 se publica el Decreto de Ley (438) por parte del Ministerio de Agricultura declarándolo Zona de Protección, bajo el amparo de la ley 15.030, que “regula su corte y aprovechamiento de cualquier forma de las áreas de producción”, con el objetivo de resguardar las características tradicionales del pueblo. 

Sin embargo – y pese a este decreto-, desde sus orígenes el valle ha estado surcado por la acción de la pequeña y mediana minería. Históricamente aprovechadas para el uso de privados, sus tierras son fuertemente explotadas, lo que ha fracturado además la economía local de subsistencia de su comunidad: quienes antes dependían de la agricultura, ganado y turismo rural, hoy ven el avance de este enemigo silencioso sin saber bien cómo enfrentarlo.  

Texto por Val Rudolphy Gahona / Fotografías por Luis Alvarado @colliguay_enunclick

Extractivismo

Definición: Corresponde a recursos minerales en altos volúmenes destinados a la exportación sin procesar. 

El impacto que tiene el extractivismo en el valle -así como en todo el territorio-, transforma el paisaje, los recursos medioambientales y la cultura. Modifica la economía y desestructura a las comunidades. 

Colliguay es un foco de interés económico para la industria minera en este sentido. Esto, debido a que presenta yacimientos de oro, cobre y plata. Desde este lugar se han exportado hace años, siendo en su mayoría proyectos que no requieren gran intervención, por ser yacimientos menos rentables. 

Sin embargo, en la última década comenzó un boom de intervenciones con la llegada de nuevos proyectos de explotación, que abarcan un amplio porcentaje de la superficie total del Valle. 

Desde organizaciones como Colliguay Sin Mineras están articulando un trabajo colectivo de seguimiento de estos casos para la defensa del territorio. Especialmente desde el 2020, cuando el escenario de contaminación, población y proyectos mineros ha cambiado, surge para ellxs la necesidad de levantar la voz en defensa de la biodiversidad, el agua y sus vidas.

“Colliguay tiene tradición minera”, nos cuenta Abigail, quien es parte del colectivo. “Desde el inicio se trabajaron estas tierras para minería. Cuando llega un proyecto nuevo es difícil percatarse, pues los predios son grandes y no es fácil enterarse de lo que sucede”.

Durante la última década, muchos proyectos comenzaron a amenazar el Valle, impactando de manera radical la vida de sus habitantes y rompiendo la tranquilidad de esta localidad.

Abigail (quien es geógrafa de profesión) y Marriella, son parte de lxs vecinxs que se organizan, y nos brindaron esta entrevista para conocer mejor su situación.

Primeras alertas

¿Qué fue lo que instó a este grupo de vecinos y vecinas a articularse? Hace unos dos años un vecino, cuya familia había aceptado tener un proyecto minero en su predio, fue quien puso la voz de alerta. Este hombre se oponía al acuerdo que su familia había llevado a cabo con una minera por el uso de sus tierras. Había nueve involucrados, pero sólo uno de ellos cuestionó la situación al no tener recompensa por la explotación del terreno. 

“Muchas veces los vecinos no reaccionan hasta que les afecta directamente que sus tierras o aguas sean contaminadas”, relata Mariella sobre esta situación.

A su vez, en el sector más alto de Colliguay se estaban desarrollando obras de menor envergadura que llamaron la atención de la comunidad: los monolitos de cemento que indican el límite de la concesión se hicieron presentes, generando preocupación y confirmando las sospechas que ya se tenían.

“Hace algunos años, el valle empezó a tener serios problemas de escasez hídrica, y a la gente eso le asustó. Esas dos situaciones llevaron a que nos organizáramos”, remarca Abigail.

Cicatrices del paisaje con nombre y apellido

¿Cuánto territorio hay en concesiones mineras en Colliguay? Debido a que cualquiera puede solicitar permiso para explorar un determinado territorio, hay empresas con hasta 20 concesiones mineras cada una. Algunas son de explotación y otras de exploración.

“Usualmente la exploración requiere una concesión más amplia, para ver dónde hay mineral y quedarse con un sector que sea el más rentable”, explican. Pero los datos son vagos. Según el Sistema de Información Minero (SIMIN), actualmente hay cuatro faenas de actividad minera en funcionamiento (ver Anexo 1).

Nombre empresa Nombre faena Recurso minero
Alejandro Jaime Aliaga
Mina Marcelita IV
Sulfuro Aurífero
Benito Duarte Velgar
Lavadero de Oro Marga-Marga
Oro Metálico o Nativo
Jaime Falcon Rivas Minerals E.I.R.L.
Cerro Viejo
Oro Metálico o Nativo
S.L.M.L.A. Culebra 1/20
Mina Isis
Oro - Cobre Sulfuro Aurífero Oro - Cobre

En total existen 42 concesiones mineras de exploración, y 40 concesiones mineras de explotación. Según respuesta a oficio de Sernageomin del 04 de Septiembre de 2020, las actividades  de explotación de sustancias minerales concesibles en Colliguay corresponden a:  

Nombre empresa Nombre faena Recurso minero
Alejandro Jaime Aliaga
Mina Marcelita IV
Sulfuro Aurífero
Áridos Quilpué Sur LTDA
Placeres Auríferos
Sulfuro Aurífero
Benito Duarte Velgar
Lavadero de Oro Marga - Marga
Oro Metálico o Nativo. Hematita
CIA. Minera Colliguay Spa.
Mina Colliguay. Mina Agua Max
Oro Metálico o Nativo. Hematita
Fernando Marcelo Flores Celis
Mina Halcon 1 al 10
Óxidos de Cobre
Jaime Falcon Rivas Minerals E.I.R.L.
Cerro Viejo
Oro Metálico o Nativo
José Alamiro Ortega Aravena
Mina Las Lajas Subterráneas
Sulfuro Aurífero
Minera Andrés Hernan Guerrero Marco E.I.R.L.
Desmontes Pert. Olivo 1/10
Oro - Cobre
Roberto Bolados Chavez
Mina Doña Juana de Colliguay. Mina La Herencia.
Hematita. Hematita.
S.LM. La Culebra 1/20
Mina Isis
Oro - Cobre. Sulfuro Aurífero
S.L.M. RAI II Primera de Colliguay
RAI II
Cuarzo Aurífero. Oro - Cobre

Al otro lado del Zoom, Mariella y Abigail nos cuentan que desde entonces nuevas inquietudes existen. Hoy la mayor amenaza proviene de una compañía asiática. “Se está gestando hace años, ellos tienen muchas concesiones mineras. Se supone que sus análisis no salieron positivos, por lo que no se sabe si se desarrollará el proyecto o no. Sería una planta minera de gran escala, y ese es un escenario nuevo para nosotrxs”, detallan.

La posibilidad de que eso suceda significa un enorme impacto a nivel hídrico para Colliguay, lo que además afectaría el paisaje de manera más evidente. Pero aún dicen no tener certezas sobre su realización.

En palabras de Abigail y Mariella, uno de los grandes problemas tras esta situación es que “no contamos con antecedentes sobre la biodiversidad o el impacto ecológico que los proyectos han provocado. Es lo que siempre sucede en zonas rurales, entonces es difícil frenar a las empresas”.

A eso se suma la dificultad de la población en dimensionar el conflicto, ¿cómo lo visibilizan cuando las consecuencias hoy no son perceptibles? Hay que llevar ese cambio climático a la realidad local.

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El Caso de Puangue

Uno de los cauces que recorre tanto Quilpué, como Curacaví y Colliguay es Puangue. El 2020 ocurrió una situación en Cerro Viejo, camino a Curacaví, donde una empresa se instaló en el sector de El Molino junto al estero de manera ilegal, lo que comenzó a afectar a lxs vecinxs.

“No tenían ningún permiso, solo arrendaron una concesión minera de explotación. Se denunció el uso de mercurio para la separación del oro y los otros minerales, porque caía directamente al agua. Arrasaron con una orilla importante del río donde los habitantes iban a disfrutar”, relata Mariella.

Ante la evidente molestia de lxs vecinxs, la comunidad se organizó. Este escenario suscita la pregunta: ¿quienes deberían fiscalizar estas irregularidades y  qué es lo que no se está haciendo bien?

“Cuando hicimos el llamado, lxs vecinxs se movilizaron para pedir ayuda y las autoridades se chutearon la pelota. Al investigar, nos dimos cuenta de que quien tiene ahí la responsabilidad es la gobernación provincial (según el código minero), y también la Dirección General de Aguas (DGA), institución que debe velar por el uso de los cauces en todo Chile. Por otra parte, el municipio es quien debe proteger el bienestar de todos los bienes de uso público. Sin embargo, ninguna de esas tres autoridades hizo nada. Nunca cancelaron esta faena ilegal, solo pasaron una multa y prohibición de funcionar mientras presentaban el proyecto, lo que tampoco pasó por falta de fiscalización”.

Mariella agrega que cuando no hubo respuesta efectiva, “quedamos con la sensación de perder el tiempo. Ni siquiera hemos logrado que se hagan análisis de agua. No hemos recibido ninguna respuesta por eso, ya que según ellos hay “cosas más urgentes”, como atender la pandemia”.

Además, entre los requisitos para las faenas no se realiza ningún estudio de impacto ambiental. No se considera necesario presentar esos estudios a menos que se sobrepasen las 5.000 toneladas de extracción por mes. Sin embargo, la mayoría de estas empresas declara extraer 4.000 o un aproximado, por lo que no se les exigen más antecedentes.

Sumado al hecho de que las autoridades locales e instituciones no dan respuesta ni fiscalizan, estas empresas no dejan ninguna ganancia a las localidades, solo precarización. No se genera una gran cantidad de trabajo, tampoco sueldos bien remunerados, ni invierten en la comunidad (compromisos que sí deberían hacerse latentes). Como siempre sucede, todos los recursos quedan fuera del sector del que provienen.

Sobre el caso de Cerro Viejo, el municipio sólo aceptó la responsabilidad de fiscalizar a los trabajadores. Por otra parte, se involucró a organismos como CONAF y Bienes Nacionales. Lo anterior, al tratarse de flora y fauna nativa y aguas que atraviesan a más de un sector.

«Entre los requisitos para las faenas no se realiza ningún estudio de impacto ambiental. No se considera necesario presentar esos estudios a menos que se sobrepasen las 5.000 toneladas de extracción por mes. Sin embargo, la mayoría de estas empresas declara extraer 4.000 o un aproximado, por lo que no se les exigen más antecedentes».

Trabajo de hormiga

Mariella y Abigail continúan su trabajo entusiastas, pero reconocen que es frustrante: “Finalmente, nadie se hace cargo. Se genera un “siga participando”. Entonces nos atienden y derivan a otra institución”.

Lo anterior, sumado a que hay pocxs profesionales interesadxs en trabajar en el territorio, y no todxs conocen estos procesos, que son engorrosos, para luchar por salvaguardar la biodiversidad y comunidad de Colliguay.

“Debería haber de una vez por todas un servicio que atienda eso, que coordine a esos organismos. Y notificar a los Ministerios, para que los organismos tengan que dar una respuesta”.

Levantar esta gestión, en sus palabras, es un proceso “bastante cansador y exigente, hay que volverse experto en derecho ambiental, código minero, todo. Es un camino de mucho aprendizaje del medioambiente y de la burocracia de nuestro país”.

Mariella en especial recalca la responsabilidad de las comunidades también ante los conflictos socioambientales que los afectan. “La gente es muy cómoda, y si ven a alguien hacerse cargo se desligan. Son tan cómplices como las empresas cuando no quieren involucrarse”, sentencia.

¿Realmente me importa el impacto en los territorios, que están dinamitando el cerro de enfrente o que me quedo sin agua? ¿Me afecta personalmente y por eso me involucro?

Hoy, lxs vecinxs están a la espera del proyecto que aún no se aprueba y podría cambiar la configuración de este hermoso valle para siempre. A la vez, tienen temor de que haya nuevos cambios en el paisaje, debido a una licitación de trazado de camiones Polpaico que se encuentra actualmente abierta. “¿Tendrá relación con el incendio que afectó a Quilpué? Es difícil no hacer conjeturas ¿Fueron 2.000 hectáreas quemadas para que alguien lo venda?”, duda Mariella.

El problema es que no hay una fiscalización efectiva de las tierras y de qué hacen las empresas con ellas. La propiedad privada está protegida y con la pandemia, muchos lugares quedan “en tierra de nadie”: sin normas, ni derechos ni regulación.

Estos proyectos generan un grave impacto en el paisaje, la cultura, las aguas, y nadie pone el foco ahí: en la subdivisión de la tierra. La contaminación y el impacto siguen creciendo, pues mientras “no los veamos” pueden pasar desapercibidos. Pero hay organizaciones y personas como Abi y Mariella que no bajan los brazos por la defensa del territorio y su biodiversidad. Una batalla por sus propias vidas.