Mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví: Violencia ambiental y cuerpas en resistencia

Texto por Ivannia Cordero Flores / Fotografías por Joaquín Rodríguez

Hoy, en medio de la pandemia, apenas se habla de quienes día a día son envenenadxs por empresas altamente peligrosas en Quintero – Puchuncaví. Parece que se perdieran en la nube tóxica y fuesen, como siempre, olvidadxs por el Estado. Sin embargo, la articulación y lucha por el territorio no deja de estar presente para las Mujeres de Zona de Sacrificio y Resistencia de Quintero y Puchuncaví  (MUZOSARE). Voceras de una catástrofe ya anunciada, esta organización -autoconvocada y autogestionada por ellas mismas-, busca recuperar sus tierras con un discurso que nace en oposición a la invisibilización de sus cuerpas bajo el modelo extractivista patriarcal que llevan años denunciando. 

“La contaminación es un enemigo silencioso que va entrando despacito sin que tú te des cuenta, y de repente, explotas”. Así explica Katta Alonso, una de las fundadoras y vocera de MUZOSARE, los terribles episodios de contaminación que recorren las vidas de lxs habitantes de una de las zonas de sacrificio más grande del país.

La realidad viene acompañada con días donde la arena es negra por los varamientos de carbón o donde la nube tóxica se apodera de los cielos azules. Los gases del cordón industrial llegan hasta lxs trabajadorxs, niñxs y mujeres, impregnándose en la nariz, en los pulmones, en los úteros y matándolos poco a poco, en silencio. Mismo silencio que el gobierno ha decidido mantener durante años, mientras en la calle la comunidad grita para que se respeten sus derechos fundamentales y que sus vidas no dependan de normativas permisivas para los extractivistas de siempre. 

“Acá tenemos contaminado todo”, sentencia Katta, no solo refiriéndose a la calidad del aire, sino también a las aguas y a los suelos, agregando que “hay una injusticia ambiental impresionante”. Su tono es fuerte, vivo, con resistencia. Esa misma resistencia que por años han demostrado en su territorio, tratando de visibilizar en un discurso potente, que no se achica ante la discriminación y amenazas que existen en contra de quienes se articulan para resistir los embates del extractivismo.

Casi 50 mil personas son las que habitan la bahía de Quintero – Puchuncaví. En un radio de alrededor de 8 kilómetros de extensión es donde hoy se emplaza un cordón industrial, compuesto por 19 empresas altamente peligrosas. Dedicadas a diversas actividades, entre ellas “la fundición de cobre, elaboración de hormigón, asfalto y ladrillos; refinerías de petróleo e industrias químicas; generación de energía (instalación y operación de centrales térmicas); y actividades portuarias privadas de uso público, etc.”, según señala un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, estamos frente a un complejo industrial, extractivista minero-energético y portuario.

Entre algunas de las huellas que han dejado estas industrias, viven en la memoria, la primera gran intoxicación masiva por azufre en la localidad y escuela de La Greda, las enormes manchas de 38 mil litros de petróleo ENAP en la bahía de Quintero en 2014 (y que se repite en 2016). Pero no es hasta el 2018 y 2019 que la zona empieza a verse, a oírse, incluso a sentirse más hacia afuera, cuando las intoxicaciones masivas que dejaron a más de 1.000 personas afectadas dieron la vuelta al mundo. 

Vómitos, mareos y desvanecimientos fueron los síntomas asociados a la nube de gases de origen desconocido, que afectaron especialmente a lxs niñxs -luego de que se reubicara la escuela a las afueras del sector la Greda como única medida producto de la intoxicación del 2011-, quienes tuvieron que llegar hasta el hospital para que se encendieran las alarmas, se decretara cierre de colegios y alerta amarilla. Con un sinfín de denuncias y nulo acceso a la información, las investigaciones evidenciaban la insuficiencia de los planes de descontaminación -cuestión que se mantiene hasta la fecha- y la nula responsabilidad por parte de las autoridades. 

Ni siquiera el fallo de la Corte Suprema en mayo de 2019 se ha cumplido por completo. Este acoge recursos de protección contra empresas como ENAP, Aes Gener, Codelco División Ventanas, Puerto Ventanas, entre otras “por la generación de los gases y compuestos químicos que habrían provocado la emergencia ambiental”. El fallo también apunta a las autoridades “por el incumplimiento de sus deberes en esta materia”. De esta forma, la entidad ordenó tomar una serie de medidas, entre ellas que el Estado chileno debía efectuar a la brevedad estudios para determinar la “naturaleza y características precisas de los gases”, entre otras acciones y proyectos de reparación socioambiental en la zona que atendieran la gravedad de la situación. 

Muchas de estas acciones aún no se concretan, mientras los planes de reparación solo centran sus esfuerzos en bajar los niveles de contaminación del aire, mientras la tierra, el agua y las personas siguen siendo envenenadas.

CUERPAS QUE SE ARTICULAN

En esta zona se ha permitido la violencia medioambiental desde 1954, con muy pocas exigencias y resguardo a la salud de sus habitantes. Katta cuenta que las primera denuncias se hicieron cerca del año 68 por agricultores y mujeres de los bailes chinos, quienes reclamaban por la muerte de sus cosechas. En el 2008 comienzan a evidenciarse los primeros casos de intoxicación en niñxs de la escuela La Greda, en Puchuncaví. Ya en el 2011 el conflicto recibe cobertura mediática por la presencia de metales pesados en la escuela y otros establecimientos educacionales de la comuna. 

La agrupación, conformada por artesanas, psicólogas, jefas de hogar y otras profesionales, empieza a alzarse en 2014, ya no más como una voz oprimida en medio del extractivismo -donde son los hombres quienes ejercen la actividad, mientras que las mujeres deben encargarse del soporte del hogar-, sino como una luz de esperanza ante los graves episodios de contaminación, visibilizando que las consecuencias en la salud son más dañinas en lxs niñxs y mujeres.

“Evidentemente, las mujeres somos las más afectadas por la contaminación, porque te bloquea un gen que te protege del cáncer y, además, a través del útero nosotras contaminamos a nuestrxs hijxs lamentablemente. Es decir, lxs niñxs ya nacen contaminados. Además, las mujeres son en su mayoría jefas de hogar aquí en Puchuncaví, somos las más afectadas porque obviamente tenemos doble trabajo, hay que trabajar fuera y dentro de la casa”, explica. 

Desde allí continúan en la recuperación del territorio, siempre alertas a todo lo que va pasando en la zona, convirtiéndose en una vocería esencial para visibilizar hechos como los de 2014 o 2018. No olvidan que estar en una zona de sacrificio es un constante mareo, sentir la presión de los gases metiéndose en la cabeza, que se nuble la visión, zumben los oídos, aparezcan las llagas en la piel, llegar incluso a desvanecerse y vomitar todo el veneno que habita en sus cuerpas.

4 hitos de la contaminación en 2018
  • 21 de agosto: 82 habitantes ingresan al hospital de Quintero por intoxicación 
  • 23 de agosto: 180 personas diagnosticadas con envenenamiento por la presencia de nitrobenceno metilcloroformo y tolueno. Declaración de zona amarilla
  • 4 de septiembre: 155 afectados 
  • 25 de septiembre: 170 afectados, todos atendidos de manera urgente en el hospital de Quintero

(fuente: TERRAM 2018)

MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO

Con todos estos antecedentes, no queda más que seguir acuerpándose contra el extractivismo. MUZOSARE ha evidenciado el conflicto a nivel regional, nacional e internacional, recurriendo a instancias como la ONU, la Corte Interamericana y la COP 25 / 2019 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). “Hemos tocado todas las puertas que existen, lo hemos hecho de forma seria y siempre avaladas por estudios”, señala. 

Katta cree que esto sigue siendo una lucha de David contra Goliat por el nulo acceso a la información, las amenazas a lxs defensorxs ambientales y la falta de protección. Aun así han sido capaces de emplazar al gobierno y acusan que tanto las empresas como el Estado han empobrecido la zona, dejando un desastre total que además ha quebrado el tejido social. De hecho, considera que las políticas o medidas que se han tomado frente a la contaminación están diseñadas para las empresas, pensando en lo económico por sobre los derechos humanos, y que la injusticia ambiental se mantiene porque no hay voluntad política. “Es muy vergonzoso ver cómo el Estado de Chile ha jugado con nosotros”, cuenta.

Como voceras y protagonistas en la articulación por la recuperación del territorio, son ellas quienes se han tomado los espacios y han irrumpido en la escena pública, denunciando la tragedia ambiental de la zona y reflexionando sobre cómo las consecuencias no son iguales para todos y todas. 

quintero puchuncavi color 8

“Nosotras tenemos que cambiar el modelo, necesitamos tener equidad de género, tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Eso es lo que queremos, no buscamos pasar a llevar a nadie. Lo que queremos es recuperar nuestro territorio y trabajar todxs juntxs en pos de eso. Aquí las mujeres están muy empoderadas, la mayoría de ellas son las que salen con nosotras, porque son mamás, porque tienen hijxs, porque dan la vida y cuidan la tierra. Tienen mucho más arraigo con la tierra, así que tiene que haber igualdad de oportunidades. No podemos esperar que nuestras mujeres solo puedan trabajar como asesoras del hogar o en Zapallar, no puede ser eso”, afirma.

La pelea sigue, y no por un lugar imaginado, sino por el que conocieron alguna vez, el que era de sus padres y abuelos, recuerda Katta. Cuenta que tuvo la suerte de vivir en el territorio antes de que llegaran las empresas y rompieran con las inmensas dunas blancas en playa Ventanas, la laguna que se juntaba con el mar o el humedal que existía antes de que llegara Codelco. “Lo  que queremos es recuperar lo que siempre tuvimos antes de que ellos llegaran, no es que yo sueñe cómo, es exigir lo que teníamos”.

Por esa lucha, MUZOSARE, junto a otros movimientos sociales, mantienen una demanda contra el Estado y las empresas contaminantes, acusando el grave daño ambiental que han causado en la zona y que ha vulnerado los derechos fundamentales de sus habitantes. Las cuerpas sacrificadas seguirán emergiendo desde esa nube tóxica para recuperar el territorio, para que las futuras generaciones puedan “vivir en un ambiente limpio, sano y hermoso”, así lo anhela Katta.