Economía capitalista extractiva: precarización en los sistemas socioecológicos y laborales en las zonas agrícolas y rurales del país

Texto por Camila Dinamarca Ramírez y Constanza Riquelme Bórquez 

La agricultura chilena se encuentra en una importante encrucijada que le exige replantear las bases bajo las cuales se sustenta. Esto se debe a que se han generado diversos escenarios que perturban el equilibrio entre la humanidad y la gran matriz natural que sustenta toda la vida: “la biosfera”. 

La producción capitalista de carácter extractivista y patriarcal, avalada por el Estado chileno, ha abierto un abismo entre la producción social y su sostenibilidad en términos ecosistémicos, generando una segunda naturaleza alienada y dominada por el valor de cambio antes que por el valor de uso (Foster, 2013). Las exportaciones chilenas de productos de la fruticultura, ganadería, vinos y derivados de forestales han logrado una importante presencia en los principales mercados mundiales, incrementando su volumen y valor (ODEPA, 2019). De acuerdo a cifras de UN Comtrade, entre el año 2000 y 2017 las exportaciones agrícolas chilenas a EE.UU crecieron un 251% en valor, mientras que en China, el valor de las exportaciones creció en más 3.000% en igual periodo, aumentando de 65 a más de 2 mil millones de dólares.

Pese a este panorama “alentador” para la economía neoliberal, se vislumbra la otra cara de la moneda; la “Desagriculturización”, dado que la pequeña-mediana agricultura va desapareciendo a una tasa anual promedio del 2%, disminuyendo de 93.000 a 40.000 hogares agrícolas entre 1990 y 2015 (ODEPA 2017). Asimismo, los hogares agrícolas dependen menos de dicho rubro y más de otras fuentes de ingreso asalariada, dados los vacíos institucionales y las constantes fluctuaciones económicas y climáticas. 

Contanza Riquelme / Agrónoma en hortalizas, flores y agroecología. Ecofeminista crítica e Integrante del Ecobarrio de Maipú 

Bajo la misma línea, también se habla del “Nuevo Imperialismo” como la práctica de desposesión y apropiación mercantil de los denominados bienes comunes (Harvey, 2004) en aquellos territorios de sacrificio donde se ubica los agronegocios, situando al campesinado -como sujeto expropiado-, como nueva clase social (Bartra y Otero 2008). Un ejemplo de ello, es lo que se vive en la región de Valparaíso, donde se concentra el 64% del monocultivo de paltos que se producen en el país. En la Provincia de Petorca, sus habitantes reciben sólo 50 litros de agua por persona al día en camiones aljibes, mientras que la agricultura de exportación sigue cultivando paltos a gran escala, consumiendo alrededor de 200 litros de agua por planta cada tres días.    

Desde una perspectiva feminista de clase, los cambios en la ruralidad también permearon la estructura familiar con la integración de las mujeres a la mano de obra. Si bien las mujeres siempre han trabajado en los campos, la feminización del trabajo agrícola aumenta durante los años noventa y se mantiene hasta la actualidad, transformando la vida cotidiana y las relaciones de género (Wilson y Valdés, 2007). 

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), desde el Frente de Asalariadas Agrícolas, viene denunciando públicamente los atropellos a los derechos de las trabajadoras asalariadas. A partir del año 2002, con la primera asamblea de asalariadas agrícolas de temporada, se reunieron más de mil mujeres para organizar sus demandas ante el gobierno de turno. En esa fecha hubo una explosión de Sindicatos que se levantaron en diferentes territorios del país (aunque muchos no prosperaron por las fuertes dinámicas patronales que se dan en el campo, donde el miedo a organizarse persiste hasta la actualidad).

En el sistema laboral agrícola, el trabajo de temporada -como su nombre lo indica-, radica en la temporalidad laboral según las distintas cosechas y temporadas de embalaje, lo que se traduce en un arduo esfuerzo por un corto espacio de tiempo (y en condiciones materiales precarias), mientras que el resto del año se mantienen en otras ocupaciones informales o cesantes (Mendoza y Donoso, 2011). Esto demuestra una segregación sexual, pues los trabajos rurales desempeñados por hombres les facilitan acceder a fuentes laborales más estables, tales como puestos de vigilancia y manejo de maquinaria.

Una de las formas de flexibilidad y precarización en el sistema laboral es la subcontratación, donde no existe un contrato directo con la empresa, sino que la figura del “trato” a través de un intermediario entre las trabajadoras y el subcontratista, no existiendo una jornada laboral clarificada, por lo que las faenas pueden extenderse hasta 15 horas diarias (sin pago de horas extras), sobrepasando fuertemente lo que dictamina la ley laboral. (Grupos Focales, Derechos de las trabajadoras asalariadas agrícolas de temporada, ANAMURI, 2020). Lo anterior, tiene como consecuencia una falta en la seguridad social que se visibiliza en el no pago de imposiciones y se traduce, por ejemplo, en la falta de acceso a la salud. El sistema neoliberal ve en las trabajadoras agrícolas cuerpas desechables que se pueden explotar al máximo y, a su vez, ser expuestas permanentemente a agroquímicos, para luego ser desechadas sin previsión ni garantías sociales de ningún tipo.

Camila Dinamarca / Antropóloga Social, integrante de Ruralidades Críticas y Apoyo Técnico en el Sindicato ANAMURI. 

El uso masivo de plaguicidas se ha presentado como uno de los principales problemas para la salud de las/los trabajadorxs agrícolas y la población en general, llegando a registrar 11.210 casos de intoxicaciones agudas por carbamatos, organofosforados y piretroides notificadas durante el periodo de 1998-2013 (Vallebuona, 2015). Sin embargo, las intoxicaciones no son el único problema, a esto se suman riesgos como desarrollar enfermedades crónicas, mutaciones genéticas, cáncer, alteraciones endocrinas u hormonales, problemas reproductivos e inmunológicos. En mujeres embarazadas, desencadena malformaciones congénitas y problemas neuronales en el proceso gestacional del feto. (American Society, 2013). También se cuentan riesgos asociados al trabajo agrícola, como problemas renales -por las esperas para ir al baño-, artritis y artrosis- por los movimientos repetitivos y cáncer a la piel –por la exposición al sol-, entre otras.

Los derechos de las trabajadoras no se garantizan en ninguna arista del sector agrícola. Desde una mirada de infraestructura y seguridad, el derecho a tener un baño cercano y agua potable accesible no existe en muchos fundos del país, ni hablar del acceso a sala cuna. En muchos fundos no se entregan los implementos de seguridad necesarios para trabajar (y en pandemia la situación no ha sido diferente, ya que se han detectado brotes de COVID en varios predios). La ley laboral no se cumple y existe un bajísimo – o casi inexistente-, nivel de fiscalización desde el Estado. A esto podemos sumar la corrupción local entre el empresariado agrícola y los inspectores locales (Tribunal Ético ANAMURI, Illapel, 2018).     

Por otro lado, a las extenuantes y precarizadas jornadas de faena, se suma la sobrecarga de trabajo doméstico de las mujeres que desempeñan labores agrícolas de temporada, ya que su incorporación al mercado asalariado no implicó una redistribución de las tareas reproductivas y de cuidado. Este antecedente da cuenta de una doble jornada laboral femenina, que no da espacio para el desarrollo de actividades recreativas, ni para el descanso, afectando física y emocionalmente la salud de las mujeres trabajadoras.

Bajo este contexto, desde diversas organizaciones campesinas -y también desde una perspectiva de género vislumbrada por ANAMURI-, se han levantado demandas que exigen poner límites a la fragmentación infinita de modalidades de pago “a trato”, salarios justos de acorde al crecimiento del sector, cuidado infantil garantizado, derecho a organizarse (libertad sindical) y a una negociación colectiva. Asimismo, se demanda el derecho a trabajar en un espacio sin riesgos, a través de la  prevención ante la exposición de plaguicidas y la regulación estricta de la rotulación de los plaguicidas, que cuente además con una fiscalización del uso de agroquímicos en las faenas junto con la prevención, reconocimiento y tratamiento de las enfermedades derivadas del trabajo.  

Como se puede constatar, el modelo capitalista extractivista ha obtenido sus ganancias a costa de políticas centradas en el comercio exterior y tratados internacionales, de la vulnerabilidad socioeconómica del campesinado, la precarización de la fuerza de trabajo asalariada en hombres y mujeres, la desvalorización del trabajo de cuidados no remunerada, junto con la depredación y explotación de los bienes comunes esenciales para la producción de alimentos y reproducción de la vida. Desde una óptica feminista y de clase, la perpetuación de una economía capitalista y de extracción -tanto de la naturaleza como las cuerpas de las mujeres-, seguirá considerándonos territorios sacrificables que quedarán a merced del que tenga el poder de explotar, violentar, extraer y privatizar nuestras vidas.

Bibliografía

American Society for Reproductive Medicine. Edad y fertilidad: Guía para pacientes. Alabama: ASRM; 2013. p. 1-20

Bellamy Foster, John . 2013. Marx y la fractura en el metabolismo universal de la naturaleza, Monthly Review , New York, Montly Review Foundation, 65 (7):1-18, diciembre

Bartra, A. y Otero, G. 2008. “Movimientos indígenas campesinos en México: la lucha por la tierra, la autonomía y la democracia”. Recuperando la Tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Moyo, S. y Yeros, P (coords.). Buenos Aires: CLACSO. 401- 428.

Camarero, L., de Grammont, H., & Quaranta, G. 2020. El cambio rural: una lectura desde la desagrarizacion y la desigualdad social. Revista Austral de Ciencias Sociales 38, 191-211

Cortes, S., & Donoso, R. (2018). Exposición a nitratos en agua y su relación con disfunción de la glándula tiroides. Revista médica de Chile vol 146, 223-231.

Harvey, D. 2004. El nuevo imperialismo. Madrid: Akal

Mendoza, A., & Donoso, A. (2011). Trabajo agrícola de temporada y su impacto en la Salud. Revista Sociedad y Equidad, (1). doi:10.5354/0718-9990.2011.10610

ODEPA, 2017. Agricultura chilena: Reflexiones y desafíos al 2030. Disponible en https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/ReflexDesaf_2030-1.pdf

ODEPA, 2019. Análisis de la evolución y desempeño agroexportador de Chile, 2000-2017. Disponible en https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/EvolucionAgroExp.pdf

Vallebuona, Clelia. 2015. Evaluación de resultados del programa de vigilancia de intoxicaciones agudas por plaguicidas en Chile. Tesis Magíster en Salud Pública. Santiago, Chile. 99p.

Wilson, A., & Valdés X (2007). De balances y desafíos del proceso de transversalización de género en las políticas del ministerio de agricultura”. Gobierno  de Chile, Comisión de Igualdad de oportunidades del Ministerio de Agricultura periodo 2000 – 2006. FAO 2007.