conflictos socioambientales

Saturación y contaminación del "Vertedero La Hormiga"

En el sector precordillerano del Valle Aconcagua se asienta la ciudad de San Felipe. La histórica ciudad, fundada en 1740, posee alrededor de 76 mil habitantes. En el sector rural de Algarrobal, habitan alrededor de 200 vecinos y vecinas que se dedican principalmente a la agricultura de uvas. Estos se han visto afectados históricamente por un vertedero sanitario que ha mermado su calidad de vida. 

El antiguo vertedero La Hormiga (propiedad de la empresa GEA), que operó por 20 años siendo depositario de los desechos del Valle de Aconcagua -convertido desde el año 2015 en relleno sanitario-, ha desencadenado una serie de consecuencias medio ambientales y sociales en el sector. La contaminación sistemática que ha provocado durante sus operaciones se debe principalmente al vertimiento de desechos en el sector (los que también contienen hidrocarburos).

Esto ha afectado a los vecinos, provocando malos olores, como también la emanación de hidrocarburos que impactan en la salud de la población y en la agricultura que allí se asienta.

Un desastre ecológico de grave envergadura ocurrió en 2015 luego de que el relleno se desbordara un día de precipitaciones, arrastrando consigo basura y desechos quebrada abajo. Esto provocó anegaciones en las casas que estaban a su paso y la contaminación con lixiviados. La comunidad se manifestó contra el proyecto, demandando el cierre del vertedero. El SEREMI de medio ambiente fiscaliza, ordenando su clausura definitiva. Sin embargo, actualmente sigue operando como relleno sanitario.

Principales impactos socioambientales:

Desde el año 2000 a la fecha, han sido 21 años de conflicto

0
años

Principales actores involucrados

Empresa GEA 

Vecinos de El Algarrobal

Principales acciones en torno al conflicto:

La comunidad de El Algarrobal ha realizado acciones de protesta pública, desde concentraciones en plazas hasta barricadas, presionando a las autoridades políticas a tomar acciones

El año 2018 presentaron una denuncia en el Juzgado de Garantía local por la contaminación del Agua Potable Rural en base a un informe de la PDI. Dicho informe estableció la presencia de concentraciones de magnesio, selenio y hierro por sobre el límite máximo indicado para las condiciones de vulnerabilidad del acuífero.