EDITORIaL n° 4

Mantener vivo el fuego de la revuelta 

 

“¡Yo soy partidaria de la violencia! Absolutamente partidaria de la violencia. Si no nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desaparecer otra vez. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos usar la violencia contra ellos?” 

Luisa Toledo

Hace dos años se prendió la mecha de un fueguito que todxs llevábamos dentro, pero que de alguna forma no esperábamos que se resolviera en esta encarnación. Convivíamos con la precarización de nuestras vidas como quien aguanta una enfermedad crónica que no quiere mostrarse ante el mundo: estoicos, sin chistar. Pocas veces se había logrado que una idea fuera transversal a casi todos los sectores de la población, y no solo donde siempre se han gestado las revueltas (universidades, colegios, sindicatos o gremios). “No son 30 pesos, son 30 años”, fue la consigna que condensó una vida de desigualdad social que ya no daba para más. No era depresión, era capitalismo.

Como herederos de una dictadura donde nunca hubo justicia ni reparación, muchxs de nosotrxs estábamos asustadxs, pensando que ahora sí que se venía: dictadura 2.0, militares con fusiles en las calles, la derecha en el poder con un brazo armado dispuesto a todo ¿Por qué no nos ocupamos antes de reformarlos / desarmarlos? Parecía que estábamos llegando tarde a una cita importante con el destino. Pero bueno, había que darle cara a la cosa. Entonces empezó a arder Chile desde Arica a Punta Arenas. La quema de iglesias, diarios, supermercados, comisarías, —símbolos de la violencia estructural que protege y/o enriquece a los poderes fácticos—, materializaron la rabia contra una forma de opresión que se sostiene descaradamente gracias a la explotación de nuestras cuerpas, vidas y territorios. 

Fotografía: Amapola Indómita

Y tal como sucedió en el 73 durante la dictadura cívico-militar, y tal como sucede ante cualquier intento de insurrección popular, no tardó en aparecer la represión policial y el terrorismo de Estado. Usando la tesis de la “guerra contra el poderoso enemigo interno», Sebastián Piñera —al igual que Aylwin en el 93—, justificó la represión y respaldó a las policías y a sus altos mandos. Cómo olvidar a Mario Rozas, Ex General Director de Carabineros, quien en un audio filtrado prometía que no daría de baja a ningún carabinero por procedimiento policial. “Ni aunque me obliguen lo voy a hacer”, fueron sus palabras. Esa frase marcó la tónica de la respuesta institucional ante una serie de procedimientos ilícitos (y hasta criminales), llevados a cabo por las fuerzas del orden que derivaron en sumarios que hasta el día de hoy no se resuelven o fueron cerrados sin sanciones [1].

El recrudecimiento de la violencia policial se reflejó en cifras que a ojos de muchos organismos internacionales constituyeron una sistemática violación a los derechos humanos en Chile (a pesar de que las autoridades insisten en configurarlas como hechos aislados): Más de 460 casos documentados de estallidos oculares, 270 denuncias por violencia político sexual (principalmente contra mujeres y cuerpas disidentes). Más de dos mil compañerxs presxs políticos en todo el territorio (muchos de los cuales aún se mantienen ahí, silenciados con medidas cautelares y sentencias que se sustentan en montajes). 

Las máximas autoridades del país, entre ellas el mismísimo Presidente de la República, declararon ante los medios de comunicación que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos eran en realidad acciones particulares y casos aislados. Todavía lo hacen, como una forma de negar la gravedad de la crisis, limitando además las responsabilidades a cuestiones penales, omitiendo sus responsabilidades políticas, administrativas y acaso históricas.

Desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recopiló un total de 4.075 hechos vulneratorios en el contexto del estallido social y presentó un total de 2.349 querellas por violaciones a los Derechos Humanos. La institución con más antecedentes en su haber fue Carabineros, con un total de 3.806 cargos en contra de manifestantes. Según cifras del mismo INDH, solo en Valparaíso se registraron más de 120 querellas y 150 víctimas de vulneraciones entre el 17 de octubre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.

Casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica (disparo al rostro con balines de goma y metal, trauma ocular y ceguera total, 2019), Fabiola Campillay (impacto granada gas lacrimógeno, ceguera total, pérdida total gusto y olfato, 2019), Mario Acuña (muerte cerebral producto de TEC complicado y hematoma subdural agudo por golpiza de carabineros, 2019), y Josué Maureira (violado y golpeado por policías, 2019), mantienen viva la memoria de lxs 36 compañerxs que ya no están, y que murieron asesinadxs en plena “democracia” entre octubre de 2019 y marzo de 2020. 

Cuando todo parecía una olla a presión a punto de estallar, se institucionaliza el descontento —y el potencial capital político de la revuelta—, a partir del mal llamado “Acuerdo por la paz y nueva constitución”, impulsado por el gobierno el 15 de noviembre del 2019, firmado por varios sectores y partidos políticos (y por parte de la izquierda progre, que ha tenido incluso el descaro de presentar candidaturas presidenciales). El grito de asamblea constituyente se transformó en un proceso de convención constitucional que muchos vemos con una mezcla de recelo y esperanza simbólica. Y es que todo este estallido ha estado lleno de símbolos. 

Muchas cosas surgieron luego de ese momento histórico. Volver a conectar las piezas de un tejido social herido en dictadura gracias a la organización popular fue clave para enfrentar los siguientes meses. Cabildos, asambleas territoriales, ollas comunes y otras formas de organización florecieron por todo el territorio. Éramos caleta, solo estábamos dispersos y atomizados por culpa del mismo sistema. 

Después vino el Covid, y en plena crisis económica, político, social y sanitaria hemos tenido que encerrarnos. Un estado de excepción que se extendió por más de 500 días, nos recordaba constantemente que además de evitar la propagación del virus, mantenernos aislados protegía también a sus instituciones en un contexto donde se profundizaba la desigualdad social. Mientras tanto, ellos siguen blindándose y cambiando sus estándares de evaluación para esconderle al mundo lo que hicieron [2].  Los ricos de Chile se hacen más ricos según el ranking Forbes, pero los pobres tienen que rogar por un ingreso familiar de emergencia -o la posibilidad de retirar lo que les ha robado la AFP-, a un Estado que no busca hacerse cargo de la crisis estructural profunda que hizo que todo estallara.

Entonces hibernamos, pero seguimos avanzando en la rearticulación. Quizás por ahora no vamos a volver a salir a las calles con la misma fuerza de antes, pero ya no dejamos que se normalice nada. Mujeres, colectivas y organizaciones como las que veremos en este número insisten en tensionar estructuras, instituciones y conceptos que ya no resisten la normalización de antaño. Si no vamos a diluir ni reformar a carabineros, al menos presenciamos una caída histórica de un 80% en sus inscripciones. No se trata de conformarnos con poco, se trata de entender que los procesos políticos y sociales se cocinan lento, y que quizás necesitamos sostener esta crisis para que lxs guerrerxs del futuro vengan con más fuerza a continuar la tarea. 

Lxs invitamos a recorrer el siguiente número sin miedo y sin romantizar lo que vivimos. Aún seguimos viviendo los estragos de la violencia institucionalizada. Así como en el pasado, hoy no existe ni justicia ni reparación para todxs los que dieron la vida en este proceso. En este número encontrarás los relatos de mujeres y cuerpas disidentes que han resistido desde el 18 de octubre en adelante para preservar la memoria, buscar justicia, actuar desde el cuidado, el registro, el arte y la organización, protegiendo la espiritualidad y los símbolos que hasta el día de hoy nos mantienen unidxs, a la espera de lo que venga, resistiendo juntxs. 

Porque ya nunca más solxs.  

[1] En respuesta a una solicitud hecha a través de la Ley de Transparencia, Carabineros informó a CIPER que inició 565 sumarios por eventuales ilícitos cometidos por su personal en el control del orden público entre el 18 de octubre y el 31 de marzo. El 84% (475 sumarios) continúa en proceso. En 75 de los 90 sumarios ya cerrados no hubo sanciones porque no se determinaron responsabilidades. Hasta ahora solo 15 sumarios han terminado con castigos, afectando a 32 funcionarios: cuatro oficiales, 26 policías de rango menor y dos civiles contratados por la institución.

[2] Un cambio en la metodología del INDH, promovida por su director, Sergio Micco, en el conteo en las lesiones y pérdidas oculares perpetradas por Carabineros durante el estallido generó polémica, debido a que redujeron considerablemente los casos al considerar solamente aquellos que adjuntaron querella.